SIP: el gobernador Patricio Martínez alentó denuncia penal contra Norte
En su calidad de vicepresidente para México de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, presentó un informe sobre la situación en el país, en el cual incluyó el caso de la persecución a Norte de Ciudad Juárez.
En su reporte, la SIP señala el gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo de Patricio Martínez, alentó una denuncia penal contra periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez, por el cargo de difamación, después de que ese periódico publicara que la administración estatal adquirió de manera ilegal diversos terrenos para beneficio de empresas particulares.
En México ha disminuido el número de atentados contra las libertades de expresión, prensa e información, pero aún persiste la impunidad en algunos crímenes, como el de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, según la Sociedad Interamericana de Prensa.
Juan Francisco Ealy Ortíz presentó un balance sobre la libertad de prensa en México durante la 58 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Lima, Perú el fin de semana. El siguiente es un resumen del Informe:
► 11 de marzo de 2002 | La periodista María Esther Martínez, del diario La Unión de Morelos, fue arrestada bajo el cargo de difamación por órdenes del procurador de Justicia de Morelos, luego de publicar críticas contra el funcionario y contra el cuerpo de policía que depende de éste. Tras ser interrogada durante varias horas, la reportera fue dejada en libertad.
► 1 de abril | Fue detenida brevemente la periodista Raquel Urbán Hernández, del semanario Reporteros Informando, que circula en el municipio de Ecatepec, Estado de México, acusada de difamación por un diputado local, luego de que publicó que el legislador estaba acusado de violación de una menor. Tras su arresto, la reportera fue dejada en libertad bajo fianza.
► 3 de abril | Individuos no identificados dispararon al aire frente a las oficinas del semanario Páginas de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y amenazaron al personal. Directivos de la publicación aseguran que se trató de una intimidación de las autoridades estatales por el tono crítico de esa revista.
► En ese mismo estado, en San Cristóbal de las Casas, fue golpeado por policías estatales el periodista Fredy Martín López, corresponsal de El Universal y de la agencia italiana ANSA, a quien despojaron de su equipo fotográfico.
► También en Chiapas el periodista Conrado de la Cruz, propietario del diario Cuarto Poder, denunció una campaña de hostigamiento contra su periódico, la que ha incluido insultos de funcionarios estatales, cooptación de reporteros para desertar del periódico a cambio de puestos oficiales y la cancelación de pautas oficiales de publicidad. Responsabiliza de estos hechos al gobernador Pablo Salazar.
► 8 de mayo | El director de Reforma, Alejandro Junco de la Vega, fue citado por el Ministerio Público para atender una denuncia por difamación en su contra iniciada por un diputado local en el Estado de México, al que el corresponsal del diario acusó de recibir bonos extraordinarios por parte del Congreso Estatal.
► José Santiago Healy, presidente y director general de Crónica de Mexicali, denunció un boicot publicitario por parte del gobierno estatal que encabeza Eugenio Elorduy.
► 19 de octubre | Se denunció que el gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo de Patricio Martínez, alentó una denuncia penal contra periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez, por el cargo de difamación, después de que ese periódico publicara que la administración estatal adquirió de manera ilegal diversos terrenos para beneficio de empresas particulares.
► Permanece impune el asesinato del periodista José Luis Ortega, al que le quitaron la vida en Ojinaga, Chihuahua, el 19 de febrero de 2001. (Lunes 28 de octubre de 2002).
► En el Senado, debaten Javier Corral
y Doroteo Zapata por el caso Norte
Por Rosa Isela Pérez
El gobernador Patricio Martínez García pretende utilizar a la Procuraduría de Justicia del Estado como un instrumento de censura en contra del periódico Norte de Ciudad Juárez, denunció el senador Javier Corral Jurado en la tribuna de la Cámara de Senadores.
Dijo que la procuración de justicia en Chihuahua es selectiva, y ofreció a los senadores probarlo y confesarlo ante cualquier juez federal o local, despojándose de la inmunidad constitucional que tiene como senador y del privilegio de la impunidad parlamentaria que tienen los legisladores.
Al denunciar el caso de la consignación de las demandas presentadas por Osvaldo Rodríguez Borunda, director de El Diario y el ex alcalde Manuel Quevedo, contra periodistas de periódico Norte, el senador Corral Jurado calificó el hecho como una de las más grandes arbitrariedades que hasta el día de hoy ha cometido el gobierno de Patricio Martínez García.
Dijo que el gobernador pretende utilizar a la Procuraduría de Justicia del Estado como un instrumento de censura de medios de comunicación.
Denunció al pleno de los senadores que Chihuahua es una de las entidades de la República donde “se dan los peores excesos” y donde el Gobierno de Patricio Martínez García, “genera los peores reportes de esos abusos y atropellos” ante instancias internacionales como Reporteros sin Fronteras.
Expresó que en Chihuahua “vivimos una lamentable regresión política autoritaria que utiliza al Ministerio Público para intimidar, para perseguir a sus críticos”.
El senador dio detalles de la celeridad con que actuó para la consignación de estas denuncias contra periodistas de Norte y la comparó con las demandas que diferentes organizaciones y particulares han presentado contra numerosos ilícitos que no han sido atendidas.
Los reporteros Antonio Flores Schroeder, Manuel Aguirre, Armando Delgado, Rosa Isela Pérez Torres, Guadalupe Salcido, Francisco Luján, y Carlos Huerta, fueron consignados por los delitos de difamación y ataques a la vida privada en el proceso de averiguación previa realizado con la mayor celeridad, hasta ahora registrado en los anales del Ministerio Público de Chihuahua de 1998 a nuestros días, y en un indiscutible criterio selectivo de la procuración de justicia, y lo voy a probar”, señaló el legislador.
En respuesta, el senador priísta Jorge Doroteo Zapata García, dijo que Chihuahua se ha caracterizado por el respeto irrestricto al principio de la división de poderes y la alternancia en el poder.
“No obstante, lamentablemente como ha ocurrido en no pocas ocasiones, existen personas e intereses que equivocadamente tratan de empañar estos significativos logros democráticos”.
Dijo que los senadores priístas tienen la certeza de que cualquier acusación de un supuesto ilícito, debe ser ventilada y resuelta únicamente por las autoridades judiciales competentes.
El senador Zapata García agregó que si efectivamente se comprueba la comisión de conductas ilícitas, serán los jueces y no otras instancias ni personas ni partidos políticos o instituciones quienes habrán de determinarlo.
Manifestó que en México no existe patente de corzo, no existen privilegiados que por su ocupación, profesión u oficio no se les aplique la normatividad jurídica.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que se apliquen las normas con todas sus consecuencias. Posición que apoyaremos siempre como Poder Legislativo”, expresó el senador Zapata García.
En su réplica, el senador Javier Corral Jurado explicó que precisamente el incumplimiento de las normas jurídicas es lo que se ha violentado en este caso.
Reiteró que el procedimiento judicial en Chihuahua, el procedimiento de la Procuraduría de Justicia del Estado, está siendo selectivo y habló del contexto en que se presenta esta situación en el estado.
“Debo decirles que la denuncia interpuesta obedece a la serie de reportajes que advertí sobre la compra de esos terrenos que el Gobierno del Estado pagó a 67.67 pesos por metro cuadrado; cuando el Consejo Consultivo de Catastro concluyó que debieron ser pagados a solo un peso”, explicó el senador.
Dijo que diversos estudios afirmaron que lo más que se podía pagar son 7 pesos porque son tierra en breña y además fuera del Plan Director de Desarrollo Urbano de Juárez.
“Pero, también, se da en un contexto que no pueden ustedes dejar de conocer: El Norte de Ciudad Juárez ha hecho dos denuncias muy preocupantes, frente a las que la autoridad no solamente no ha hecho nada sino que ha absuelto a quienes han sido señalados por las informaciones del periódico”, afirmó.
Relató a los senadores que reporteros de periódico Norte documentaron que cuando la maestra Elodia Payán fue asesinada, el detenido como supuesto responsable fue torturado para que se declarara culpable.
Sin embargo, una vez que el detenido estuvo frente al juez, dijo que el día del asesinato de la maestra Elodia Payán, no pudo ser el autor del homicidio porque se encontraba recluido en el Cereso.
Agregó el senador que el detenido explicó al juez que tuvo que declararse culpable por la tortura a la que fue sometido por los agentes judiciales del Estado, quienes la practican como método de investigación para declarar a los detenidos.
“Pero no sólo eso: hubo un reportaje que el Norte de Ciudad Juárez documentó con un rigor extraordinario, quizá ustedes recuerden el asesinato del abogado Mario Escobedo (defensor de los choferes acusados de homicidios contra mujeres). Lo ejecutaron agentes de la Policía Judicial del Estado, fueron detenidos los agentes de la Policía Judicial del Estado; pero se inventó que lo habían tenido que ejecutar en defensa propia, que porque el abogado, que iba huyendo, además de conducir el vehículo les iba disparando como Speedy González por la ventana del vehículo”, dijo Corral Jurado a los senadores.
Y para justificar la agresión del abogado que huía, de la persecución de los judiciales, sembraron la bala en una camioneta de la Policía Judicial del Estado.
“Norte presentó en dos fotografías que le dieron vuelta al país y a varios países del mundo, la camioneta intacta, en el momento de la persecución y otra foto de la camioneta en los patios de la Policía Judicial del Estado pero con balas”, explicó el senador.
“Los judiciales responsables del hecho, los agentes de Chito Solís y Patricio Martínez fueron absueltos. Por eso está enojado el gobernador de Chihuahua con los periodistas del periódico Norte”, expresó el senador Corral al concluir su intervención. (Viernes de octubre de 2002).
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► Interviene la Comisión Nacional
de Derechos Humanos en caso Norte
La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a Ciudad Juárez a un visitador del Programa de Agravios a Periodistas para documentar y analizar las demandas presentadas contra reporteros de Norte.
El visitador José Juan Alonso Ramírez ofreció a Óscar Cantú, director general de Norte y a los periodistas demandados, presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Alonso Ramírez señaló que en base al análisis del mismo, eventualmente podría emitirse una recomendación al Gobierno del Estado.
Tras esta reunión, Óscar Cantú y los periodistas demandados iniciaron la documentación de la queja que se enviará al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En la queja también se solicitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la atracción del caso debido a la parcialidad con que podría conducirse en este asunto la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se interesó en las demandas contra la mayor parte de los reporteros de Norte, luego de que se difundió a través de varios medios de comunicación de circulación nacional, la consignación de los casos.
Por iniciativa propia, la Comisión envió desde el pasado lunes al visitador José Juan Alonso Ramírez quien sostuvo dos reuniones de varias horas con los periodistas que fueron demandados por el ex alcalde priísta Manuel Quevedo y Osvaldo Rodríguez Borunda, dueño de El Diario.
Lo anterior luego de que en forma casi simultánea, la Procuraduría de Justicia del Estado consignó penalmente a periodistas de Norte de Ciudad Juárez por dos casos de difamación.
En la primer denuncia el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes se queja de difamación en su contra, pero ninguno de los señalados en el expediente fue escuchado en declaración.
En la segunda consignación contra periodistas de Norte, el ministerio público, Sergio Enrique Villarreal Arellano pide órdenes de aprehensión contra el director general Óscar Cantú y otros periodistas por la denuncia de difamación que presentó Osvaldo Rodríguez Borunda, director de El Diario. (Jueves 24 de octubre de 2002).
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► Juez federal admite amparo de Norte y revisará actuación de la Procuraduría
El Juzgado Séptimo de Distrito dio entrada a la petición de amparo número 575/02 del reportero de Norte de Ciudad Juárez, Armando Delgado Sifuentes, contra actos de la Subprocuraduría General de Justicia por consignar a un juzgado penal una denuncia por difamación sin antes permitir al acusado desahogar las pruebas ofrecidas.
El juzgado federal convocó a una audiencia para el 18 de noviembre de 2002, en la que se revisará si la Procuraduría de Justicia violó sus garantías a Armando Delgado Sifuentes al no permitirle la defensa y desahogar las pruebas que ofreció en su descargo.
Esta será la primera vez que la Procuraduría tendrá que justificar sus actos ante una autoridad diferente, lo cual acabará con los abusos que ha cometido durante años, informó el abogado del periodista, Jesús María Guevara Aguirre.
Armando Delgado aportó un grueso legajo de pruebas que contienen todas aquellas declaraciones de particulares, especialistas, funcionarios, etc., citados en sus notas y reportajes sobre la construcción de El Mezquital, por los cuales se inconformó el ex alcalde priista, Manuel Quevedo Reyes.
De esa manera, independientemente de los textos aportados por el periodista, toda la información deberá ser corroborada por sus fuentes, principalmente por el propio presunto difamado, Quevedo, quien deberá explicar las operaciones de compraventa de tierras.
Delgado está pidiendo que sean citados a declarar el propio Quevedo Reyes; el ex alcalde Jesús Macías Delgado y los particulares, Lorenzo González Lechuga, Raúl de León Anzures, Carlos Humberto Corona Tarango y Juan José González Espinoza.
Además, los consejeros del Instituto Municipal de Planeación e Investigación, Carmen Bueno, Rica Aguilar, Oswaldo Gorzegno y Adrián Vázquez Gálvez; el ex alcalde de Juárez, Gustavo Elizondo Aguilar, el actual director de Obras Públicas, Arcadio Serrano; el delegado local del Instituto de la Vivienda del Estado; el ex tesorero municipal, Jorge Ramos Negrete y Carlos Márquez, procurador Urbano de Ciudad Juárez.
Asimismo, Arturo Herrera Robles, ex regidor; el ex regidor, José Luis Rodríguez y el ex director técnico de la Junta Municipal de Agua, Jaime Acosta del Val.
“De tales fuentes de información se desprende que las siguientes personas se encuentran involucradas en los hechos, y por lo tanto, les resulta cita para oírlos en declaración y poder interrogarlos”, señala la petición de amparo:
César Verdes Sánchez, José Arnoldo Padilla Rodríguez, Jaime Bermúdez Cuarón y Ramiro Arroyos García.
También están como entrevistados, y por lo tanto, como fuentes de información:
Jesús Meza, Roberto Barraza Jordán, Francisco Labastida Ochoa, Amparo Rodríguez Douglas viuda de Padilla, Gilberto Valdés Ramírez, Néstor Antonio Escobedo, Juan Fabián de los Santos, Grupo Industrial Epremex, Agustín González Medrano, Luis Felipe Siqueiros, Everardo Medina Maldonado, Francisco Burciaga Molinar, y otros. (Jueves 24 de octubre de 2002).
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► Carta de Periodistas Frente a la Corrupción
al procurador de Chihuahua, Jesús José Solís
23 de octubre de 2002
Lic. Jesús José Solís Silva
Procurador General de Justicia en Chihuahua
Tel: (011) 429-33-89 y 429-33-85, EXT: 1400 y 1401
Email: cerot@buzon.chihuahua.gob.mx
Señor Procurador:
Le saludamos de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), una iniciativa regional que promueve y facilita el papel fiscalizador de los periodistas y medios de comunicación latinoamericanos, y que además los respalda cuando sufren represalias por sus investigaciones o reportajes, o cuando enfrentan leyes o fallos judiciales que socavan su labor periodística.
La institución que Ud. dirige solicitó el 17 de octubre del corriente año a la jueza cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, órdenes de arresto contra el director y siete reporteros del periódico Norte de Ciudad Juárez, quienes fueron acusados del delito de difamación por el ex presidente municipal Manuel Quevedo Reyes. En su denuncia, presentada en enero de 2002, el ex presidente municipal pide una compensación de 50 millones de pesos y el cierre del periódico.
Quevedo Reyes emprendió la querella contra el director del periódico Norte, Óscar Cantú y los reporteros Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, luego de la publicación del trabajo titulado “Las facturas de Patricio” y otros reportajes de seguimiento. Esa investigación detalló la compra-venta de 220 hectáreas que habían sido expropiadas por el gobernador Patricio Martínez, la que podría haber sido apoyada por actos de corrupción en los que presuntamente participó Quevedo y varios funcionarios estatales relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital.
Es importante destacar que ante el requerimiento de la Procuraduría, los periodistas acusados se reservaron el derecho de declarar, solicitando antes copias de la denuncia interpuesta por Quevedo, las cuales no les fueron proporcionadas por el agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, siendo este mismo quien presentó la requerimiento para las órdenes de captura.
El procesamiento y petición de captura en contra los referidos periodistas nos llena de preocupación y consideramos que es violatoria a la libertad de expresión. Los reportajes que han originado la querella están debidamente fundamentados, y por tanto de la Procuraduría debe corresponder al seguimiento de las denuncias de corrupción y no a la represión de los periodistas, como ha ocurrido.
Emprender acciones contra los periodistas constituye un mensaje intimidatorio y peligroso contra quienes denuncian o investigan casos de corrupción, especialmente en el norte de México, donde este flagelo está fuertemente asociado al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado. El Estado, en lugar de inhibir la fiscalización periodística y ciudadana debería estimularla, adoptando las provisiones necesarias para garantizar la seguridad jurídica y física de los periodistas y denunciantes.
En razón de lo antes expuesto, Sr. Procurador, le pedimos que la demanda y petición de captura contra el director y los reporteros del periódico Norte sea desestimada o que se requiera ante el juez competente su sobreseimiento, según corresponda. Asimismo, le solicitamos investigar la conducta del agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, por haber obstaculizado el derecho a defensa de los periodistas querellados; y que dé instrucciones a los agentes de la Procuraduría para que en sus actuaciones respeten las garantías de la libertad de expresión.
Atentamente,
Linda Hemby
Coordinadora Regional
Periodistas Frente a la Corrupción (PFC)
http://www.portal-pfc.org
contacto@portal-pfc.org
c.c. Organismos locales, regionales e internacionales que promueven y defienden la libertad de expresión.
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► Procuraduría pide orden de captura
contra periodistas de Ciudad Juárez
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ALERTA - MÉXICO
23 de octubre de 2002
Fuente: Periodistas Frente a la Corrupción (PFC)
(PFC/IFEX) La Procuraduría del Estado de Chihuahua solicitó el 17 de octubre del corriente año a la jueza cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, que ordene el arresto del director y siete reporteros del periódico Norte de Ciudad Juárez, quienes fueron acusados del delito de difamación por el ex presidente municipal Manuel Quevedo Reyes. En su denuncia, presentada en enero de 2002, el ex presidente municipal pide una compensación de 50 millones de pesos y el cierre del periódico.
Quevedo Reyes emprendió la querella contra el director del periódico Norte, Óscar Cantú y los reporteros Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, luego de la publicación del trabajo titulado “Las facturas de Patricio” y otros reportajes de seguimiento. Dicha investigación reveló la compra-venta de 220 hectáreas que habían sido expropiadas por el gobernador Patricio Martínez, la que podría haber sido apoyada por actos de corrupción en los que presuntamente participó Quevedo y varios funcionarios estatales relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital.
Ante el requerimiento de la Procuraduría, los periodistas acusados se reservaron el derecho de declarar, solicitando antes copias de la denuncias interpuesta por Quevedo, las cuales no les fueron proporcionadas por el agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, siendo este mismo quien presentó la requerimiento para las órdenes de captura. Es importante recordar que la jueza Ruiz Pachecho es la misma quien en el septiembre del año 2000 ordenó el arresto contra el periodista Antonio Pinedo Cornejo, acusado de difamación por el entonces jefe de la Policía Municipal de Ciudad Juárez.
PFC dirigió una nota al Procurador General de Justicia, Jesús José Solís Silva, expresándole su preocupación por el tratamiento que la institución que él dirige le ha dado a la denuncia del ex-alcalde Quevedo. “Los reportajes que han originado la querella están debidamente fundamentados, y por tanto la Procuraduría debe corresponder al seguimiento de las denuncias de corrupción y no a la represión de los periodistas, como ha ocurrido”, expresó PFC en su carta.
Para PFC el procesamiento judicial y pedido de captura contra los referidos periodistas es violatoria de la libertad de expresión y constituye un mensaje intimidatorio y peligroso en perjuicio de quienes denuncian o investigan casos de corrupción en particular y de la prensa en general en el norte de México. Lastimosamente esto estimula más agresiones contra periodistas en esa zona, como una de esta semana en que un escolta del Gobernador de Chihuahua golpeó a un reportero radial.
ACCIONES RECOMENDADAS
- Dirigir cartas de protesta a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, por el procesamiento y petición de captura del director y siete reporteros del periódico Norte de Ciudad Juárez, solicitando que la demanda contra ellos sea desestimada o que se requiera ante el juez competente su sobreseimiento.
Lic. Jesús José Solís Silva
Procurador General de Justicia en Chihuahua
Tel: (011) 429-33-89 y 429-33-85, EXT: 1400 y 1401
Email: cerot@buzon.chihuahua.gob.mx
- Enviar cartas de solidaridad al director y reporteros del periódico Norte
Óscar Cantú Murguía
Director General, Norte de Ciudad Juárez
Email: pnorte@intelexis.com
Remitir copias de sus apelaciones a PFC en lo posible.
La carta enviada por PFC al Procurador de Justicia de Chihuahua, denuncias, reportajes y otra información sobre el caso, se encuentra en:
http://portal-pfc.org/perseguidos/2002/090.html
Para mayor información, comunicarse con:
Linda Hemby
Periodistas Frente a la Corrupción (PFC)
Correo electrónico: contacto@portal-pfc.org
Sitio en Internet: http://portal-pfc.org
Res. Quetzalcoalt No. 1-B, Antiguo Cuscatlán
El Salvador, C.A. Telefax (503) 243-1951
Esta información es responsabilidad de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC); favor de reconocerlo al difundirla.
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► Reporteros Sin Fronteras pide al Tribunal no dictar órdenes de arresto
La organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, pidió al Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua que no se dicte ninguna orden de aprehensión en contra de periodistas de Norte de Ciudad Juárez y repudió la consignación penal por parte de la Procuraduría: “Violando las leyes mexicanas, no se les avisó de los cargos que pesan contra ellos”.
→ Comunicado completo de Reporteros Sin Fronteras
Amenazados de cárcel ocho periodistas del Estado de Chihuahua
México 22.10.2002
Reporteros Sin Fronteras ha manifestado su preocupación porque una juez del Estado de Chihuahua (Norte) podría dictar una orden de aprehensión contra ocho periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez. Violando las leyes mexicanas, no se les avisó de los cargos que pesan contra ellos. "Es fundamental para la transparencia de la vida pública que los periodistas puedan seguir denunciando los presuntos actos de corrupción sin arriesgar su libertad", explicó Robert Ménard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. En una carta dirigida a Pablo Zapata Zubiaga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, la organización pidió que no se dicte ninguna orden de aprehensión contra los periodistas. También pidió que se respeten sus derechos y que puedan tener un juicio justo e imparcial.
El 17 de octubre de 2002, la juez Catalina Ruiz Pacheco aceptó considerar la posibilidad de dictar una orden de aprehensión, solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, contra Óscar Cantú Murguía, editor y director general del diario Norte de Ciudad Juárez, y contra Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, del mismo periódico. Según una nota publicada el 18 de octubre por Norte de Ciudad Juárez, hasta el día de hoy, no se ha entregado ninguna copia de la denuncia a los periodistas, lo que es contrario a la ley.
Todos ellos fueron denunciados por "difamación" por Manuel Quevedo Reyes, ex alcalde de Ciudad Juárez y hoy empresario inmobiliario, quien puso una denuncia penal en enero 2002, tras la publicación de reportajes sobre el importe de la venta de unos terrenos suyos al Estado de Chihuahua. Según el periódico, el precio pagado por el Estado era superior al del mercado. El diario cuestionó la integridad de los funcionarios que evaluaron el precio de la transacción. El ex alcalde y empresario pide una compensación de 50 millones de pesos (5,165,000 euros) y el cierre del periódico.
→ Ver el alerta mundial difundida por Reporteros Sin Fronteras
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► ¿Por qué la persecución
contra periodistas de Norte?
Ciudad Juárez, Chihuahua, a 22 de octubre de 2002
El trabajo periodístico del Norte de Ciudad Juárez, titulado “Las facturas de Patricio”, detalla paso a paso la compra-venta de 220 hectáreas que habían sido expropiadas por el gobernador Patricio Martínez, la que podría haber sido apoyada por actos de corrupción en los que presuntamente estuvieron involucrados el ex presidente municipal de extracción priista de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes, y varios funcionarios estatales relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital.
Las notas periodísticas publicadas por este rotativo motivaron la denuncia que presentó el ex alcalde de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes, porque aseguró que se vio afectada su honorabilidad e imagen pública, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua inició la averiguación previa 947/02-405-SJZN y consignó el expediente ante la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, a quien le solicitó las ordenes de aprehensión en contra del director general del periódico Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía y siete reporteros más, por su probable responsabilidad en el delito de difamación.
La demanda gira en torno a la construcción en Ciudad Juárez del Fraccionamiento El Mezquital por parte del Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua, dependiente del Gobierno del Estado.
1.- Norte de Juárez hizo las primeras publicaciones en enero del año 2000, revelando el inicio de las operaciones de compra-venta de tierras entre el ex presidente municipal priista, Manuel Quevedo Reyes y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Funcionarios como el entonces secretario de esta última dependencia, Jorge Esteban Sandoval Ochoa y el también entonces Secretario General de Gobierno, Víctor Emilio Anchondo, aceptaron la existencia de los tratos sin admitir entrar en detalle. (Norte 31 de enero del 2000).
2.- Esporádicamente, de ahí en adelante, Norte siguió manejando algunas informaciones tanto sobre las operaciones citadas como los proyectos que poco a poco se iban dando a conocer oficialmente sobre la construcción del conjunto habitacional. Al mismo tiempo, líderes sociales y dirigentes partidistas exigían al Estado información sobre las operaciones y cuestionaban que estas se dieran entre un ex funcionario público, ex colaborador de la campaña electoral de Patricio Martínez por la gubernatura y precisamente el Gobierno del Estado.
3.- El lunes 28 de mayo del 2001 inició Norte de Juárez la publicación de un reportaje seriado (tres partes) intitulado “El Mezquital. Los caprichos del poder”, donde el periódico ofrece a sus lectores todo el detalle sobre las irregularidades cometidas por el Gobierno del Estado, principalmente violaciones al Plan Urbano Municipal; independiente de las informaciones relacionadas con el costo de las tierras cuyos montos precisos no han sido oficializados.
4.- El jueves 31 de mayo del mismo año se publica en las páginas centrales de la sección (A) todas y cada una de las violaciones al plan urbano municipal con la construcción de El Mezquital, sustentada dicha información en declaraciones de funcionarios públicos municipales y especialistas en la materia. También es presentado un historial del llamado “Lote Bravo”, compuesto originalmente por siete mil hectáreas, de las cuales una buena parte ha pertenecido a la familia Quevedo desde 1977.
5.- El viernes 1ro. de junio del 2001 Norte publica declaraciones de peritos en valuación catastral, quienes concluyen que el Gobierno del Estado pagó a sobreprecio cerca de 100 hectáreas usadas, en parte, para construir El Mezquital. Se indica que fueron pagados 67.67 pesos por metro cuadrado, cuando el Consejo Consultivo de Catastro concluyó que debió ser pagado sólo un peso. El monto total pagado a la familia Quevedo fue de 67 millones 661 mil 103 pesos.
6.- El 12 de junio del 2001, los diputados panistas en el Congreso del Estado denuncian ante la Procuraduría General de Justicia por peculado a los funcionarios estatales involucrados en toda la operación de “El Mezquital”.
7.- Otra querella por es levantada el 13 de junio por la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales de Juárez, Victoria Caraveo Vallina; y René Mendoza, de Acción Ciudadana. Ellos hacen alusión a violaciones al Plan Director Urbano para el Municipio de Juárez.
8.- Paralelamente a la información sobre El Mezquital, los reporteros de Norte encontraron a principios del 2002 que, mediante un acto administrativo, el Gobierno del Estado planeaba regresar a Manuel Quevedo y familia 293 hectáreas, de un total de 429 que en 1993 le habían expropiado los gobiernos panistas de Francisco Villarreal, municipal; y Francisco Barrio, estatal.
En síntesis: los abogados de Manuel Quevedo Reyes tomaron toda esta información publicada por el periódico Norte de Juárez, la compendiaron en un solo documento y lo presentaron en denuncia ante la Procuraduría General de Justicia como una campaña de difamación.
La denuncia fue presentada en enero del 2002 contra siete reporteros y el director y Presidente de Norte de Juárez, y consignada ante un juez penal durante los últimos 15 días sin haber permitido a los demandados que sus fuentes informativas corroboraran todo lo publicado.
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► Fiscal solicita otra orden de arresto: los periodistas deciden no ampararse
En un hecho sin precedentes, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, consignó al juez Tercero de lo Penal, Alberto Vázquez Quintero, una segunda averiguación previa solicitando orden de arresto en contra del editor y director general de Norte de Ciudad Juárez, Oscar Cantú Murguía y varios reporteros más.
Ahora es por una denuncia que interpuso el dueño de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, por el presunto delito de difamación.
Con esta suman dos denuncias que la Procuraduría de Justicia del Estado, consignó a los juzgados penales por medio del agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, de la manera más rápida posible dejando en un estado de indefensión a los acusados, publica hoy Norte de Ciudad Juárez.
Anteriormente, la Procuraduría de Chihuahua consignó una averiguación previa ante la juez Cuarto de lo Penal, Catalina Ruiz Pacheco, solicitando orden de aprehensión contra Óscar Cantú y reporteros de Norte, por una denuncia que interpuso el exalcalde Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes, también por el delito de difamación.
Por su parte, los periodistas informaron que no buscarán el amparo de la justicia federal.
El abogado defensor de Norte, Jesús María Guevara, dijo que en su momento se solicitó al agente del Ministerio Público, que fueran acordadas las pruebas y testimoniales que ofreció uno de los reporteros como parte para refutar las acusaciones hechas por el ofendido, Quevedo Reyes y ni siquiera hubo un acuerdo ministerial y en cambio consignaron la averiguación previa de manera deliberada.
Señaló el abogado Guevara, que la Procuraduría de Chihuahua, violentó el Estado de Derecho y tratándose de una institución de buena fe, violó las garantías individuales y derechos humanos tanto del editor de Norte como de los reporteros.
La segunda consignación que se hizo al juez Tercero de lo Penal, Alberto Vázquez Quintero, solicitando orden de arresto contra el editor, Óscar Cantú y algunos reporteros, obedece a una denuncia que interpuso el dueño de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, quien se sintió difamado por una publicación de Norte. (Sábado 19 de octubre de 2002).
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► La Procuraduría de Chihuahua pide arrestar a director y reporteros de Norte
La Procuraduría de Justicia de Chihuahua solicitó a un juez penal que giré órdenes de aprehensión en contra del director del periódico Norte de Ciudad Juárez y seis reporteros, acusados de difamación por el ex alcalde de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes.
La consignación de la averiguación previa, consistente en la denuncia que interpuso el ex alcalde priista, Manuel Quevedo Reyes, por el delito de difamación, se realizó dejando en un estado de indefensión a los acusados, ya que no se les permitió el derecho de audiencia, dijo anoche el abogado Jesús María Guevara, representante jurídico de los periodistas de esta casa editora, publica hoy Norte de Ciudad Juárez.
El periódico informa que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, por medio del agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, solicitó a la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, la orden de aprehensión en contra del editor y director general de Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía y algunos reporteros.
En su oportunidad, tanto el editor y director general, Óscar Cantú y los reporteros, Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, acudieron a los citatorios enviados por el agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal.
En cada uno de los casos se reservaron el derecho de declarar con la excepción de hacerlo posteriormente, no sin antes solicitar copias de la denuncia interpuesta por Quevedo Reyes, para conocer el delito por el cual eran denunciados y buscar una estrategia de defensa.
En cambio, el agente del Ministerio Público, Villarreal Arellano, consignó la averiguación previa, sin haber proporcionado las copias que le fueron solicitadas por cada uno de los acusados, precisamente para que se enteraran de la acusación que se presentó en su contra.
El día de ayer, la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, radicó la averiguación previa, bajo la causa penal 425/02, en donde se solicita la orden de aprehensión contra el editor, Óscar Cantú y algunos reporteros señalados.
La juez Ruiz Pacheco, fue quien libró una orden de aprehensión en septiembre del 2000 en contra del periodista Antonio Pinedo Cornejo, por este mismo delito, del que fue acusado por el entonces jefe de la Policía Municipal, Javier Benavides, vinculado en varias investigaciones periodísticas a la presunta protección de traficantes de drogas prohibidas.
El ex presidente municipal, Quevedo Reyes, hoy empresario dentro del ramo inmobiliario, interpuso la querella correspondiente desde el pasado mes de enero, por considerar que la publicación de una serie de notas y reportajes periodísticos relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital, por parte del Gobierno del Estado, le han afectado, porque él, “se considera que es una figura de alto prestigio dentro de la comunidad”.
Por su parte, el editor de Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía, expresó: “sin duda, este caso sentará un precedente más, en los que de alguna forma consideramos que se pretende intimidarnos para abstenernos de hacer lo que hemos venido haciendo: informar de manera libre e independiente, sin intereses particulares o políticos”.
“Esperemos que el estado de derecho prevalezca y que así como a nosotros se os quiere meter a la cárcel, también se haga en todos los casos por igual”, dijo Óscar Cantú Murguía. (Viernes 18 de octubre de 2002).
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► Comparece ante Ministerio Público el director de Norte de Ciudad Juárez
Acusado de difamación, el propietario y director general del periódico Norte de Ciudad Juárez, Oscar Arturo Cantú Murguía, de 52 años de edad, compareció este lunes ante el Ministerio Público de la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado, Zona Norte.
El empresario periodístico se reservó el derecho de declarar y contestar el interrogatorio del Ministerio Público, con relación a las denuncias por difamación interpuestas por Osvaldo Rodríguez Borunda, presidente y director general de El Diario de Ciudad Juárez, y el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes.
El pasado viernes 28 de septiembre, el director editorial y cinco reporteros de Norte de Ciudad Juárez comparecieron ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado, en relación a una denuncia por el presunto delito de difamación interpuesta por el ex alcalde priista Manuel Quevedo Reyes.
La querella fue interpuesta por Quevedo Reyes, luego de una serie de publicaciones relacionadas con la construcción de un fraccionamiento en un predio ubicado en el suroriente de la ciudad.
No obstante, “la Subprocuraduría estatal se ha negado a dar detalles de esta denuncia, donde varios reporteros aparecen como presuntos responsables del delito de difamación, explica el periódico.
Hasta el momento todos los involucrados en este caso se han reservado el derecho a declarar, informó la dependencia estatal.
El viernes, el representante legal de Norte, Jesús María Guevara, se presentó ante el Ministerio Público acompañado del director editorial Alfredo Quijano Hernández, así como de los reporteros Armando Delgado, Rosa Isela Pérez, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido y Antonio Flores.
Anteriormente comparecieron Carlos Huerta y Jorge Cháirez Daniel. (Lunes 30 de septiembre de 2002).
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► Comparecen periodistas de Norte: un ex alcalde los acusa de difamación
El director editorial y cinco reporteros de Norte de Ciudad Juárez comparecieron ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado, en relación a una denuncia por el presunto delito de difamación interpuesta por el ex alcalde priista Manuel Quevedo Reyes.
La querella fue interpuesta por el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes, luego de una serie de publicaciones relacionadas con la construcción de un fraccionamiento en un predio ubicado en el suroriente de la ciudad, publica hoy El Diario de Juárez.
No obstante, “la Subprocuraduría estatal se ha negado a dar detalles de esta denuncia, donde varios reporteros aparecen como presuntos responsables del delito de difamación, explica el periódico.
Hasta el momento todos los involucrados en este caso se han reservado el derecho a declarar, informó la dependencia estatal.
El propietario y director del periódico, Óscar Cantú Murguía, fue citado a declarar el pasado 18 de agosto, pero desatendió el llamado.
El coordinador del área de Ministerios Públicos, Ramón Quintana Villasana, informó que el empresario será citado de nueva cuenta a comparecer, según El Diario.
En caso de que se desatienda nuevamente el citatorio, se girará una orden de presentación.
Ayer viernes, alrededor de las 09:00 horas, el representante legal de Norte, Jesús María Guevara, se presentó ante el Ministerio Público acompañado del director editorial Alfredo Quijano Hernández, así como de los reporteros Armando Delgado, Rosa Isela Pérez, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido y Antonio Flores.
Anteriormente comparecieron Carlos Huerta y Jorge Cháirez Daniel. (Sábado 28 de septiembre de 2002).
En su calidad de vicepresidente para México de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, presentó un informe sobre la situación en el país, en el cual incluyó el caso de la persecución a Norte de Ciudad Juárez.
En su reporte, la SIP señala el gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo de Patricio Martínez, alentó una denuncia penal contra periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez, por el cargo de difamación, después de que ese periódico publicara que la administración estatal adquirió de manera ilegal diversos terrenos para beneficio de empresas particulares.
En México ha disminuido el número de atentados contra las libertades de expresión, prensa e información, pero aún persiste la impunidad en algunos crímenes, como el de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, según la Sociedad Interamericana de Prensa.
Juan Francisco Ealy Ortíz presentó un balance sobre la libertad de prensa en México durante la 58 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Lima, Perú el fin de semana. El siguiente es un resumen del Informe:
► 11 de marzo de 2002 | La periodista María Esther Martínez, del diario La Unión de Morelos, fue arrestada bajo el cargo de difamación por órdenes del procurador de Justicia de Morelos, luego de publicar críticas contra el funcionario y contra el cuerpo de policía que depende de éste. Tras ser interrogada durante varias horas, la reportera fue dejada en libertad.
► 1 de abril | Fue detenida brevemente la periodista Raquel Urbán Hernández, del semanario Reporteros Informando, que circula en el municipio de Ecatepec, Estado de México, acusada de difamación por un diputado local, luego de que publicó que el legislador estaba acusado de violación de una menor. Tras su arresto, la reportera fue dejada en libertad bajo fianza.
► 3 de abril | Individuos no identificados dispararon al aire frente a las oficinas del semanario Páginas de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y amenazaron al personal. Directivos de la publicación aseguran que se trató de una intimidación de las autoridades estatales por el tono crítico de esa revista.
► En ese mismo estado, en San Cristóbal de las Casas, fue golpeado por policías estatales el periodista Fredy Martín López, corresponsal de El Universal y de la agencia italiana ANSA, a quien despojaron de su equipo fotográfico.
► También en Chiapas el periodista Conrado de la Cruz, propietario del diario Cuarto Poder, denunció una campaña de hostigamiento contra su periódico, la que ha incluido insultos de funcionarios estatales, cooptación de reporteros para desertar del periódico a cambio de puestos oficiales y la cancelación de pautas oficiales de publicidad. Responsabiliza de estos hechos al gobernador Pablo Salazar.
► 8 de mayo | El director de Reforma, Alejandro Junco de la Vega, fue citado por el Ministerio Público para atender una denuncia por difamación en su contra iniciada por un diputado local en el Estado de México, al que el corresponsal del diario acusó de recibir bonos extraordinarios por parte del Congreso Estatal.
► José Santiago Healy, presidente y director general de Crónica de Mexicali, denunció un boicot publicitario por parte del gobierno estatal que encabeza Eugenio Elorduy.
► 19 de octubre | Se denunció que el gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo de Patricio Martínez, alentó una denuncia penal contra periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez, por el cargo de difamación, después de que ese periódico publicara que la administración estatal adquirió de manera ilegal diversos terrenos para beneficio de empresas particulares.
► Permanece impune el asesinato del periodista José Luis Ortega, al que le quitaron la vida en Ojinaga, Chihuahua, el 19 de febrero de 2001. (Lunes 28 de octubre de 2002).
► En el Senado, debaten Javier Corral
y Doroteo Zapata por el caso Norte
Por Rosa Isela Pérez
El gobernador Patricio Martínez García pretende utilizar a la Procuraduría de Justicia del Estado como un instrumento de censura en contra del periódico Norte de Ciudad Juárez, denunció el senador Javier Corral Jurado en la tribuna de la Cámara de Senadores.
Dijo que la procuración de justicia en Chihuahua es selectiva, y ofreció a los senadores probarlo y confesarlo ante cualquier juez federal o local, despojándose de la inmunidad constitucional que tiene como senador y del privilegio de la impunidad parlamentaria que tienen los legisladores.
Al denunciar el caso de la consignación de las demandas presentadas por Osvaldo Rodríguez Borunda, director de El Diario y el ex alcalde Manuel Quevedo, contra periodistas de periódico Norte, el senador Corral Jurado calificó el hecho como una de las más grandes arbitrariedades que hasta el día de hoy ha cometido el gobierno de Patricio Martínez García.
Dijo que el gobernador pretende utilizar a la Procuraduría de Justicia del Estado como un instrumento de censura de medios de comunicación.
Denunció al pleno de los senadores que Chihuahua es una de las entidades de la República donde “se dan los peores excesos” y donde el Gobierno de Patricio Martínez García, “genera los peores reportes de esos abusos y atropellos” ante instancias internacionales como Reporteros sin Fronteras.
Expresó que en Chihuahua “vivimos una lamentable regresión política autoritaria que utiliza al Ministerio Público para intimidar, para perseguir a sus críticos”.
El senador dio detalles de la celeridad con que actuó para la consignación de estas denuncias contra periodistas de Norte y la comparó con las demandas que diferentes organizaciones y particulares han presentado contra numerosos ilícitos que no han sido atendidas.
Los reporteros Antonio Flores Schroeder, Manuel Aguirre, Armando Delgado, Rosa Isela Pérez Torres, Guadalupe Salcido, Francisco Luján, y Carlos Huerta, fueron consignados por los delitos de difamación y ataques a la vida privada en el proceso de averiguación previa realizado con la mayor celeridad, hasta ahora registrado en los anales del Ministerio Público de Chihuahua de 1998 a nuestros días, y en un indiscutible criterio selectivo de la procuración de justicia, y lo voy a probar”, señaló el legislador.
En respuesta, el senador priísta Jorge Doroteo Zapata García, dijo que Chihuahua se ha caracterizado por el respeto irrestricto al principio de la división de poderes y la alternancia en el poder.
“No obstante, lamentablemente como ha ocurrido en no pocas ocasiones, existen personas e intereses que equivocadamente tratan de empañar estos significativos logros democráticos”.
Dijo que los senadores priístas tienen la certeza de que cualquier acusación de un supuesto ilícito, debe ser ventilada y resuelta únicamente por las autoridades judiciales competentes.
El senador Zapata García agregó que si efectivamente se comprueba la comisión de conductas ilícitas, serán los jueces y no otras instancias ni personas ni partidos políticos o instituciones quienes habrán de determinarlo.
Manifestó que en México no existe patente de corzo, no existen privilegiados que por su ocupación, profesión u oficio no se les aplique la normatividad jurídica.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que se apliquen las normas con todas sus consecuencias. Posición que apoyaremos siempre como Poder Legislativo”, expresó el senador Zapata García.
En su réplica, el senador Javier Corral Jurado explicó que precisamente el incumplimiento de las normas jurídicas es lo que se ha violentado en este caso.
Reiteró que el procedimiento judicial en Chihuahua, el procedimiento de la Procuraduría de Justicia del Estado, está siendo selectivo y habló del contexto en que se presenta esta situación en el estado.
“Debo decirles que la denuncia interpuesta obedece a la serie de reportajes que advertí sobre la compra de esos terrenos que el Gobierno del Estado pagó a 67.67 pesos por metro cuadrado; cuando el Consejo Consultivo de Catastro concluyó que debieron ser pagados a solo un peso”, explicó el senador.
Dijo que diversos estudios afirmaron que lo más que se podía pagar son 7 pesos porque son tierra en breña y además fuera del Plan Director de Desarrollo Urbano de Juárez.
“Pero, también, se da en un contexto que no pueden ustedes dejar de conocer: El Norte de Ciudad Juárez ha hecho dos denuncias muy preocupantes, frente a las que la autoridad no solamente no ha hecho nada sino que ha absuelto a quienes han sido señalados por las informaciones del periódico”, afirmó.
Relató a los senadores que reporteros de periódico Norte documentaron que cuando la maestra Elodia Payán fue asesinada, el detenido como supuesto responsable fue torturado para que se declarara culpable.
Sin embargo, una vez que el detenido estuvo frente al juez, dijo que el día del asesinato de la maestra Elodia Payán, no pudo ser el autor del homicidio porque se encontraba recluido en el Cereso.
Agregó el senador que el detenido explicó al juez que tuvo que declararse culpable por la tortura a la que fue sometido por los agentes judiciales del Estado, quienes la practican como método de investigación para declarar a los detenidos.
“Pero no sólo eso: hubo un reportaje que el Norte de Ciudad Juárez documentó con un rigor extraordinario, quizá ustedes recuerden el asesinato del abogado Mario Escobedo (defensor de los choferes acusados de homicidios contra mujeres). Lo ejecutaron agentes de la Policía Judicial del Estado, fueron detenidos los agentes de la Policía Judicial del Estado; pero se inventó que lo habían tenido que ejecutar en defensa propia, que porque el abogado, que iba huyendo, además de conducir el vehículo les iba disparando como Speedy González por la ventana del vehículo”, dijo Corral Jurado a los senadores.
Y para justificar la agresión del abogado que huía, de la persecución de los judiciales, sembraron la bala en una camioneta de la Policía Judicial del Estado.
“Norte presentó en dos fotografías que le dieron vuelta al país y a varios países del mundo, la camioneta intacta, en el momento de la persecución y otra foto de la camioneta en los patios de la Policía Judicial del Estado pero con balas”, explicó el senador.
“Los judiciales responsables del hecho, los agentes de Chito Solís y Patricio Martínez fueron absueltos. Por eso está enojado el gobernador de Chihuahua con los periodistas del periódico Norte”, expresó el senador Corral al concluir su intervención. (Viernes de octubre de 2002).
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► Interviene la Comisión Nacional
de Derechos Humanos en caso Norte
La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a Ciudad Juárez a un visitador del Programa de Agravios a Periodistas para documentar y analizar las demandas presentadas contra reporteros de Norte.
El visitador José Juan Alonso Ramírez ofreció a Óscar Cantú, director general de Norte y a los periodistas demandados, presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Alonso Ramírez señaló que en base al análisis del mismo, eventualmente podría emitirse una recomendación al Gobierno del Estado.
Tras esta reunión, Óscar Cantú y los periodistas demandados iniciaron la documentación de la queja que se enviará al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En la queja también se solicitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la atracción del caso debido a la parcialidad con que podría conducirse en este asunto la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se interesó en las demandas contra la mayor parte de los reporteros de Norte, luego de que se difundió a través de varios medios de comunicación de circulación nacional, la consignación de los casos.
Por iniciativa propia, la Comisión envió desde el pasado lunes al visitador José Juan Alonso Ramírez quien sostuvo dos reuniones de varias horas con los periodistas que fueron demandados por el ex alcalde priísta Manuel Quevedo y Osvaldo Rodríguez Borunda, dueño de El Diario.
Lo anterior luego de que en forma casi simultánea, la Procuraduría de Justicia del Estado consignó penalmente a periodistas de Norte de Ciudad Juárez por dos casos de difamación.
En la primer denuncia el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes se queja de difamación en su contra, pero ninguno de los señalados en el expediente fue escuchado en declaración.
En la segunda consignación contra periodistas de Norte, el ministerio público, Sergio Enrique Villarreal Arellano pide órdenes de aprehensión contra el director general Óscar Cantú y otros periodistas por la denuncia de difamación que presentó Osvaldo Rodríguez Borunda, director de El Diario. (Jueves 24 de octubre de 2002).
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► Juez federal admite amparo de Norte y revisará actuación de la Procuraduría
El Juzgado Séptimo de Distrito dio entrada a la petición de amparo número 575/02 del reportero de Norte de Ciudad Juárez, Armando Delgado Sifuentes, contra actos de la Subprocuraduría General de Justicia por consignar a un juzgado penal una denuncia por difamación sin antes permitir al acusado desahogar las pruebas ofrecidas.
El juzgado federal convocó a una audiencia para el 18 de noviembre de 2002, en la que se revisará si la Procuraduría de Justicia violó sus garantías a Armando Delgado Sifuentes al no permitirle la defensa y desahogar las pruebas que ofreció en su descargo.
Esta será la primera vez que la Procuraduría tendrá que justificar sus actos ante una autoridad diferente, lo cual acabará con los abusos que ha cometido durante años, informó el abogado del periodista, Jesús María Guevara Aguirre.
Armando Delgado aportó un grueso legajo de pruebas que contienen todas aquellas declaraciones de particulares, especialistas, funcionarios, etc., citados en sus notas y reportajes sobre la construcción de El Mezquital, por los cuales se inconformó el ex alcalde priista, Manuel Quevedo Reyes.
De esa manera, independientemente de los textos aportados por el periodista, toda la información deberá ser corroborada por sus fuentes, principalmente por el propio presunto difamado, Quevedo, quien deberá explicar las operaciones de compraventa de tierras.
Delgado está pidiendo que sean citados a declarar el propio Quevedo Reyes; el ex alcalde Jesús Macías Delgado y los particulares, Lorenzo González Lechuga, Raúl de León Anzures, Carlos Humberto Corona Tarango y Juan José González Espinoza.
Además, los consejeros del Instituto Municipal de Planeación e Investigación, Carmen Bueno, Rica Aguilar, Oswaldo Gorzegno y Adrián Vázquez Gálvez; el ex alcalde de Juárez, Gustavo Elizondo Aguilar, el actual director de Obras Públicas, Arcadio Serrano; el delegado local del Instituto de la Vivienda del Estado; el ex tesorero municipal, Jorge Ramos Negrete y Carlos Márquez, procurador Urbano de Ciudad Juárez.
Asimismo, Arturo Herrera Robles, ex regidor; el ex regidor, José Luis Rodríguez y el ex director técnico de la Junta Municipal de Agua, Jaime Acosta del Val.
“De tales fuentes de información se desprende que las siguientes personas se encuentran involucradas en los hechos, y por lo tanto, les resulta cita para oírlos en declaración y poder interrogarlos”, señala la petición de amparo:
César Verdes Sánchez, José Arnoldo Padilla Rodríguez, Jaime Bermúdez Cuarón y Ramiro Arroyos García.
También están como entrevistados, y por lo tanto, como fuentes de información:
Jesús Meza, Roberto Barraza Jordán, Francisco Labastida Ochoa, Amparo Rodríguez Douglas viuda de Padilla, Gilberto Valdés Ramírez, Néstor Antonio Escobedo, Juan Fabián de los Santos, Grupo Industrial Epremex, Agustín González Medrano, Luis Felipe Siqueiros, Everardo Medina Maldonado, Francisco Burciaga Molinar, y otros. (Jueves 24 de octubre de 2002).
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► Carta de Periodistas Frente a la Corrupción
al procurador de Chihuahua, Jesús José Solís
23 de octubre de 2002
Lic. Jesús José Solís Silva
Procurador General de Justicia en Chihuahua
Tel: (011) 429-33-89 y 429-33-85, EXT: 1400 y 1401
Email: cerot@buzon.chihuahua.gob.mx
Señor Procurador:
Le saludamos de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), una iniciativa regional que promueve y facilita el papel fiscalizador de los periodistas y medios de comunicación latinoamericanos, y que además los respalda cuando sufren represalias por sus investigaciones o reportajes, o cuando enfrentan leyes o fallos judiciales que socavan su labor periodística.
La institución que Ud. dirige solicitó el 17 de octubre del corriente año a la jueza cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, órdenes de arresto contra el director y siete reporteros del periódico Norte de Ciudad Juárez, quienes fueron acusados del delito de difamación por el ex presidente municipal Manuel Quevedo Reyes. En su denuncia, presentada en enero de 2002, el ex presidente municipal pide una compensación de 50 millones de pesos y el cierre del periódico.
Quevedo Reyes emprendió la querella contra el director del periódico Norte, Óscar Cantú y los reporteros Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, luego de la publicación del trabajo titulado “Las facturas de Patricio” y otros reportajes de seguimiento. Esa investigación detalló la compra-venta de 220 hectáreas que habían sido expropiadas por el gobernador Patricio Martínez, la que podría haber sido apoyada por actos de corrupción en los que presuntamente participó Quevedo y varios funcionarios estatales relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital.
Es importante destacar que ante el requerimiento de la Procuraduría, los periodistas acusados se reservaron el derecho de declarar, solicitando antes copias de la denuncia interpuesta por Quevedo, las cuales no les fueron proporcionadas por el agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, siendo este mismo quien presentó la requerimiento para las órdenes de captura.
El procesamiento y petición de captura en contra los referidos periodistas nos llena de preocupación y consideramos que es violatoria a la libertad de expresión. Los reportajes que han originado la querella están debidamente fundamentados, y por tanto de la Procuraduría debe corresponder al seguimiento de las denuncias de corrupción y no a la represión de los periodistas, como ha ocurrido.
Emprender acciones contra los periodistas constituye un mensaje intimidatorio y peligroso contra quienes denuncian o investigan casos de corrupción, especialmente en el norte de México, donde este flagelo está fuertemente asociado al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado. El Estado, en lugar de inhibir la fiscalización periodística y ciudadana debería estimularla, adoptando las provisiones necesarias para garantizar la seguridad jurídica y física de los periodistas y denunciantes.
En razón de lo antes expuesto, Sr. Procurador, le pedimos que la demanda y petición de captura contra el director y los reporteros del periódico Norte sea desestimada o que se requiera ante el juez competente su sobreseimiento, según corresponda. Asimismo, le solicitamos investigar la conducta del agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, por haber obstaculizado el derecho a defensa de los periodistas querellados; y que dé instrucciones a los agentes de la Procuraduría para que en sus actuaciones respeten las garantías de la libertad de expresión.
Atentamente,
Linda Hemby
Coordinadora Regional
Periodistas Frente a la Corrupción (PFC)
http://www.portal-pfc.org
contacto@portal-pfc.org
c.c. Organismos locales, regionales e internacionales que promueven y defienden la libertad de expresión.
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► Procuraduría pide orden de captura
contra periodistas de Ciudad Juárez
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ALERTA - MÉXICO
23 de octubre de 2002
Fuente: Periodistas Frente a la Corrupción (PFC)
(PFC/IFEX) La Procuraduría del Estado de Chihuahua solicitó el 17 de octubre del corriente año a la jueza cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, que ordene el arresto del director y siete reporteros del periódico Norte de Ciudad Juárez, quienes fueron acusados del delito de difamación por el ex presidente municipal Manuel Quevedo Reyes. En su denuncia, presentada en enero de 2002, el ex presidente municipal pide una compensación de 50 millones de pesos y el cierre del periódico.
Quevedo Reyes emprendió la querella contra el director del periódico Norte, Óscar Cantú y los reporteros Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, luego de la publicación del trabajo titulado “Las facturas de Patricio” y otros reportajes de seguimiento. Dicha investigación reveló la compra-venta de 220 hectáreas que habían sido expropiadas por el gobernador Patricio Martínez, la que podría haber sido apoyada por actos de corrupción en los que presuntamente participó Quevedo y varios funcionarios estatales relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital.
Ante el requerimiento de la Procuraduría, los periodistas acusados se reservaron el derecho de declarar, solicitando antes copias de la denuncias interpuesta por Quevedo, las cuales no les fueron proporcionadas por el agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, siendo este mismo quien presentó la requerimiento para las órdenes de captura. Es importante recordar que la jueza Ruiz Pachecho es la misma quien en el septiembre del año 2000 ordenó el arresto contra el periodista Antonio Pinedo Cornejo, acusado de difamación por el entonces jefe de la Policía Municipal de Ciudad Juárez.
PFC dirigió una nota al Procurador General de Justicia, Jesús José Solís Silva, expresándole su preocupación por el tratamiento que la institución que él dirige le ha dado a la denuncia del ex-alcalde Quevedo. “Los reportajes que han originado la querella están debidamente fundamentados, y por tanto la Procuraduría debe corresponder al seguimiento de las denuncias de corrupción y no a la represión de los periodistas, como ha ocurrido”, expresó PFC en su carta.
Para PFC el procesamiento judicial y pedido de captura contra los referidos periodistas es violatoria de la libertad de expresión y constituye un mensaje intimidatorio y peligroso en perjuicio de quienes denuncian o investigan casos de corrupción en particular y de la prensa en general en el norte de México. Lastimosamente esto estimula más agresiones contra periodistas en esa zona, como una de esta semana en que un escolta del Gobernador de Chihuahua golpeó a un reportero radial.
ACCIONES RECOMENDADAS
- Dirigir cartas de protesta a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, por el procesamiento y petición de captura del director y siete reporteros del periódico Norte de Ciudad Juárez, solicitando que la demanda contra ellos sea desestimada o que se requiera ante el juez competente su sobreseimiento.
Lic. Jesús José Solís Silva
Procurador General de Justicia en Chihuahua
Tel: (011) 429-33-89 y 429-33-85, EXT: 1400 y 1401
Email: cerot@buzon.chihuahua.gob.mx
- Enviar cartas de solidaridad al director y reporteros del periódico Norte
Óscar Cantú Murguía
Director General, Norte de Ciudad Juárez
Email: pnorte@intelexis.com
Remitir copias de sus apelaciones a PFC en lo posible.
La carta enviada por PFC al Procurador de Justicia de Chihuahua, denuncias, reportajes y otra información sobre el caso, se encuentra en:
http://portal-pfc.org/perseguidos/2002/090.html
Para mayor información, comunicarse con:
Linda Hemby
Periodistas Frente a la Corrupción (PFC)
Correo electrónico: contacto@portal-pfc.org
Sitio en Internet: http://portal-pfc.org
Res. Quetzalcoalt No. 1-B, Antiguo Cuscatlán
El Salvador, C.A. Telefax (503) 243-1951
Esta información es responsabilidad de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC); favor de reconocerlo al difundirla.
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► Reporteros Sin Fronteras pide al Tribunal no dictar órdenes de arresto
La organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, pidió al Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua que no se dicte ninguna orden de aprehensión en contra de periodistas de Norte de Ciudad Juárez y repudió la consignación penal por parte de la Procuraduría: “Violando las leyes mexicanas, no se les avisó de los cargos que pesan contra ellos”.
→ Comunicado completo de Reporteros Sin Fronteras
Amenazados de cárcel ocho periodistas del Estado de Chihuahua
México 22.10.2002
Reporteros Sin Fronteras ha manifestado su preocupación porque una juez del Estado de Chihuahua (Norte) podría dictar una orden de aprehensión contra ocho periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez. Violando las leyes mexicanas, no se les avisó de los cargos que pesan contra ellos. "Es fundamental para la transparencia de la vida pública que los periodistas puedan seguir denunciando los presuntos actos de corrupción sin arriesgar su libertad", explicó Robert Ménard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. En una carta dirigida a Pablo Zapata Zubiaga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, la organización pidió que no se dicte ninguna orden de aprehensión contra los periodistas. También pidió que se respeten sus derechos y que puedan tener un juicio justo e imparcial.
El 17 de octubre de 2002, la juez Catalina Ruiz Pacheco aceptó considerar la posibilidad de dictar una orden de aprehensión, solicitada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, contra Óscar Cantú Murguía, editor y director general del diario Norte de Ciudad Juárez, y contra Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, del mismo periódico. Según una nota publicada el 18 de octubre por Norte de Ciudad Juárez, hasta el día de hoy, no se ha entregado ninguna copia de la denuncia a los periodistas, lo que es contrario a la ley.
Todos ellos fueron denunciados por "difamación" por Manuel Quevedo Reyes, ex alcalde de Ciudad Juárez y hoy empresario inmobiliario, quien puso una denuncia penal en enero 2002, tras la publicación de reportajes sobre el importe de la venta de unos terrenos suyos al Estado de Chihuahua. Según el periódico, el precio pagado por el Estado era superior al del mercado. El diario cuestionó la integridad de los funcionarios que evaluaron el precio de la transacción. El ex alcalde y empresario pide una compensación de 50 millones de pesos (5,165,000 euros) y el cierre del periódico.
→ Ver el alerta mundial difundida por Reporteros Sin Fronteras
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► ¿Por qué la persecución
contra periodistas de Norte?
Ciudad Juárez, Chihuahua, a 22 de octubre de 2002
El trabajo periodístico del Norte de Ciudad Juárez, titulado “Las facturas de Patricio”, detalla paso a paso la compra-venta de 220 hectáreas que habían sido expropiadas por el gobernador Patricio Martínez, la que podría haber sido apoyada por actos de corrupción en los que presuntamente estuvieron involucrados el ex presidente municipal de extracción priista de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes, y varios funcionarios estatales relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital.
Las notas periodísticas publicadas por este rotativo motivaron la denuncia que presentó el ex alcalde de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes, porque aseguró que se vio afectada su honorabilidad e imagen pública, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua inició la averiguación previa 947/02-405-SJZN y consignó el expediente ante la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, a quien le solicitó las ordenes de aprehensión en contra del director general del periódico Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía y siete reporteros más, por su probable responsabilidad en el delito de difamación.
La demanda gira en torno a la construcción en Ciudad Juárez del Fraccionamiento El Mezquital por parte del Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua, dependiente del Gobierno del Estado.
1.- Norte de Juárez hizo las primeras publicaciones en enero del año 2000, revelando el inicio de las operaciones de compra-venta de tierras entre el ex presidente municipal priista, Manuel Quevedo Reyes y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Funcionarios como el entonces secretario de esta última dependencia, Jorge Esteban Sandoval Ochoa y el también entonces Secretario General de Gobierno, Víctor Emilio Anchondo, aceptaron la existencia de los tratos sin admitir entrar en detalle. (Norte 31 de enero del 2000).
2.- Esporádicamente, de ahí en adelante, Norte siguió manejando algunas informaciones tanto sobre las operaciones citadas como los proyectos que poco a poco se iban dando a conocer oficialmente sobre la construcción del conjunto habitacional. Al mismo tiempo, líderes sociales y dirigentes partidistas exigían al Estado información sobre las operaciones y cuestionaban que estas se dieran entre un ex funcionario público, ex colaborador de la campaña electoral de Patricio Martínez por la gubernatura y precisamente el Gobierno del Estado.
3.- El lunes 28 de mayo del 2001 inició Norte de Juárez la publicación de un reportaje seriado (tres partes) intitulado “El Mezquital. Los caprichos del poder”, donde el periódico ofrece a sus lectores todo el detalle sobre las irregularidades cometidas por el Gobierno del Estado, principalmente violaciones al Plan Urbano Municipal; independiente de las informaciones relacionadas con el costo de las tierras cuyos montos precisos no han sido oficializados.
4.- El jueves 31 de mayo del mismo año se publica en las páginas centrales de la sección (A) todas y cada una de las violaciones al plan urbano municipal con la construcción de El Mezquital, sustentada dicha información en declaraciones de funcionarios públicos municipales y especialistas en la materia. También es presentado un historial del llamado “Lote Bravo”, compuesto originalmente por siete mil hectáreas, de las cuales una buena parte ha pertenecido a la familia Quevedo desde 1977.
5.- El viernes 1ro. de junio del 2001 Norte publica declaraciones de peritos en valuación catastral, quienes concluyen que el Gobierno del Estado pagó a sobreprecio cerca de 100 hectáreas usadas, en parte, para construir El Mezquital. Se indica que fueron pagados 67.67 pesos por metro cuadrado, cuando el Consejo Consultivo de Catastro concluyó que debió ser pagado sólo un peso. El monto total pagado a la familia Quevedo fue de 67 millones 661 mil 103 pesos.
6.- El 12 de junio del 2001, los diputados panistas en el Congreso del Estado denuncian ante la Procuraduría General de Justicia por peculado a los funcionarios estatales involucrados en toda la operación de “El Mezquital”.
7.- Otra querella por es levantada el 13 de junio por la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales de Juárez, Victoria Caraveo Vallina; y René Mendoza, de Acción Ciudadana. Ellos hacen alusión a violaciones al Plan Director Urbano para el Municipio de Juárez.
8.- Paralelamente a la información sobre El Mezquital, los reporteros de Norte encontraron a principios del 2002 que, mediante un acto administrativo, el Gobierno del Estado planeaba regresar a Manuel Quevedo y familia 293 hectáreas, de un total de 429 que en 1993 le habían expropiado los gobiernos panistas de Francisco Villarreal, municipal; y Francisco Barrio, estatal.
En síntesis: los abogados de Manuel Quevedo Reyes tomaron toda esta información publicada por el periódico Norte de Juárez, la compendiaron en un solo documento y lo presentaron en denuncia ante la Procuraduría General de Justicia como una campaña de difamación.
La denuncia fue presentada en enero del 2002 contra siete reporteros y el director y Presidente de Norte de Juárez, y consignada ante un juez penal durante los últimos 15 días sin haber permitido a los demandados que sus fuentes informativas corroboraran todo lo publicado.
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► Fiscal solicita otra orden de arresto: los periodistas deciden no ampararse
En un hecho sin precedentes, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, consignó al juez Tercero de lo Penal, Alberto Vázquez Quintero, una segunda averiguación previa solicitando orden de arresto en contra del editor y director general de Norte de Ciudad Juárez, Oscar Cantú Murguía y varios reporteros más.
Ahora es por una denuncia que interpuso el dueño de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, por el presunto delito de difamación.
Con esta suman dos denuncias que la Procuraduría de Justicia del Estado, consignó a los juzgados penales por medio del agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, de la manera más rápida posible dejando en un estado de indefensión a los acusados, publica hoy Norte de Ciudad Juárez.
Anteriormente, la Procuraduría de Chihuahua consignó una averiguación previa ante la juez Cuarto de lo Penal, Catalina Ruiz Pacheco, solicitando orden de aprehensión contra Óscar Cantú y reporteros de Norte, por una denuncia que interpuso el exalcalde Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes, también por el delito de difamación.
Por su parte, los periodistas informaron que no buscarán el amparo de la justicia federal.
El abogado defensor de Norte, Jesús María Guevara, dijo que en su momento se solicitó al agente del Ministerio Público, que fueran acordadas las pruebas y testimoniales que ofreció uno de los reporteros como parte para refutar las acusaciones hechas por el ofendido, Quevedo Reyes y ni siquiera hubo un acuerdo ministerial y en cambio consignaron la averiguación previa de manera deliberada.
Señaló el abogado Guevara, que la Procuraduría de Chihuahua, violentó el Estado de Derecho y tratándose de una institución de buena fe, violó las garantías individuales y derechos humanos tanto del editor de Norte como de los reporteros.
La segunda consignación que se hizo al juez Tercero de lo Penal, Alberto Vázquez Quintero, solicitando orden de arresto contra el editor, Óscar Cantú y algunos reporteros, obedece a una denuncia que interpuso el dueño de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, quien se sintió difamado por una publicación de Norte. (Sábado 19 de octubre de 2002).
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► La Procuraduría de Chihuahua pide arrestar a director y reporteros de Norte
La Procuraduría de Justicia de Chihuahua solicitó a un juez penal que giré órdenes de aprehensión en contra del director del periódico Norte de Ciudad Juárez y seis reporteros, acusados de difamación por el ex alcalde de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes.
La consignación de la averiguación previa, consistente en la denuncia que interpuso el ex alcalde priista, Manuel Quevedo Reyes, por el delito de difamación, se realizó dejando en un estado de indefensión a los acusados, ya que no se les permitió el derecho de audiencia, dijo anoche el abogado Jesús María Guevara, representante jurídico de los periodistas de esta casa editora, publica hoy Norte de Ciudad Juárez.
El periódico informa que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, por medio del agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal Arellano, solicitó a la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, la orden de aprehensión en contra del editor y director general de Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía y algunos reporteros.
En su oportunidad, tanto el editor y director general, Óscar Cantú y los reporteros, Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta, acudieron a los citatorios enviados por el agente del Ministerio Público, Sergio Villarreal.
En cada uno de los casos se reservaron el derecho de declarar con la excepción de hacerlo posteriormente, no sin antes solicitar copias de la denuncia interpuesta por Quevedo Reyes, para conocer el delito por el cual eran denunciados y buscar una estrategia de defensa.
En cambio, el agente del Ministerio Público, Villarreal Arellano, consignó la averiguación previa, sin haber proporcionado las copias que le fueron solicitadas por cada uno de los acusados, precisamente para que se enteraran de la acusación que se presentó en su contra.
El día de ayer, la juez cuarto de lo penal, Catalina Ruiz Pacheco, radicó la averiguación previa, bajo la causa penal 425/02, en donde se solicita la orden de aprehensión contra el editor, Óscar Cantú y algunos reporteros señalados.
La juez Ruiz Pacheco, fue quien libró una orden de aprehensión en septiembre del 2000 en contra del periodista Antonio Pinedo Cornejo, por este mismo delito, del que fue acusado por el entonces jefe de la Policía Municipal, Javier Benavides, vinculado en varias investigaciones periodísticas a la presunta protección de traficantes de drogas prohibidas.
El ex presidente municipal, Quevedo Reyes, hoy empresario dentro del ramo inmobiliario, interpuso la querella correspondiente desde el pasado mes de enero, por considerar que la publicación de una serie de notas y reportajes periodísticos relacionados con la construcción del fraccionamiento El Mezquital, por parte del Gobierno del Estado, le han afectado, porque él, “se considera que es una figura de alto prestigio dentro de la comunidad”.
Por su parte, el editor de Norte de Ciudad Juárez, Óscar Cantú Murguía, expresó: “sin duda, este caso sentará un precedente más, en los que de alguna forma consideramos que se pretende intimidarnos para abstenernos de hacer lo que hemos venido haciendo: informar de manera libre e independiente, sin intereses particulares o políticos”.
“Esperemos que el estado de derecho prevalezca y que así como a nosotros se os quiere meter a la cárcel, también se haga en todos los casos por igual”, dijo Óscar Cantú Murguía. (Viernes 18 de octubre de 2002).
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► Comparece ante Ministerio Público el director de Norte de Ciudad Juárez
Acusado de difamación, el propietario y director general del periódico Norte de Ciudad Juárez, Oscar Arturo Cantú Murguía, de 52 años de edad, compareció este lunes ante el Ministerio Público de la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado, Zona Norte.
El empresario periodístico se reservó el derecho de declarar y contestar el interrogatorio del Ministerio Público, con relación a las denuncias por difamación interpuestas por Osvaldo Rodríguez Borunda, presidente y director general de El Diario de Ciudad Juárez, y el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes.
El pasado viernes 28 de septiembre, el director editorial y cinco reporteros de Norte de Ciudad Juárez comparecieron ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado, en relación a una denuncia por el presunto delito de difamación interpuesta por el ex alcalde priista Manuel Quevedo Reyes.
La querella fue interpuesta por Quevedo Reyes, luego de una serie de publicaciones relacionadas con la construcción de un fraccionamiento en un predio ubicado en el suroriente de la ciudad.
No obstante, “la Subprocuraduría estatal se ha negado a dar detalles de esta denuncia, donde varios reporteros aparecen como presuntos responsables del delito de difamación, explica el periódico.
Hasta el momento todos los involucrados en este caso se han reservado el derecho a declarar, informó la dependencia estatal.
El viernes, el representante legal de Norte, Jesús María Guevara, se presentó ante el Ministerio Público acompañado del director editorial Alfredo Quijano Hernández, así como de los reporteros Armando Delgado, Rosa Isela Pérez, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido y Antonio Flores.
Anteriormente comparecieron Carlos Huerta y Jorge Cháirez Daniel. (Lunes 30 de septiembre de 2002).
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► Comparecen periodistas de Norte: un ex alcalde los acusa de difamación
El director editorial y cinco reporteros de Norte de Ciudad Juárez comparecieron ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado, en relación a una denuncia por el presunto delito de difamación interpuesta por el ex alcalde priista Manuel Quevedo Reyes.
La querella fue interpuesta por el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes, luego de una serie de publicaciones relacionadas con la construcción de un fraccionamiento en un predio ubicado en el suroriente de la ciudad, publica hoy El Diario de Juárez.
No obstante, “la Subprocuraduría estatal se ha negado a dar detalles de esta denuncia, donde varios reporteros aparecen como presuntos responsables del delito de difamación, explica el periódico.
Hasta el momento todos los involucrados en este caso se han reservado el derecho a declarar, informó la dependencia estatal.
El propietario y director del periódico, Óscar Cantú Murguía, fue citado a declarar el pasado 18 de agosto, pero desatendió el llamado.
El coordinador del área de Ministerios Públicos, Ramón Quintana Villasana, informó que el empresario será citado de nueva cuenta a comparecer, según El Diario.
En caso de que se desatienda nuevamente el citatorio, se girará una orden de presentación.
Ayer viernes, alrededor de las 09:00 horas, el representante legal de Norte, Jesús María Guevara, se presentó ante el Ministerio Público acompañado del director editorial Alfredo Quijano Hernández, así como de los reporteros Armando Delgado, Rosa Isela Pérez, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido y Antonio Flores.
Anteriormente comparecieron Carlos Huerta y Jorge Cháirez Daniel. (Sábado 28 de septiembre de 2002).
posted by JupiterHing at
12:11 PM
